Demandas: En septiembre de 2023, 80 miembros de las comunidades quilombolas —descendientes de afrobrasileños esclavizados— de la región de Chapada Diamantina en Bahía, Brasil, presentaron una demanda en el Reino Unido contra dos empresas mineras registradas en el Reino Unido: Brazil Iron Limited y Brazil Iron Trading Limited. Estas empresas operan en Brasil a través de su filial, Brazil Iron Mineração LTDA, desde 2011. La demanda aborda los supuestos impactos socioambientales provocados por las operaciones de la filial brasileña.

Principales alegaciones: Los demandantes afirman que las actividades mineras de la filial brasileña han provocado contaminación del aire y del ruido, contaminación del agua e impactos negativos en la salud, el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades quilombolas. En respuesta a estas cuestiones, los demandantes solicitan una compensación económica individual por los daños causados ​​por las actividades mineras y medidas de restauración ambiental para remediar los daños infligidos a sus tierras.

Una inspección realizada por la Secretaría de Salud del Estado de Bahía a principios de 2021 confirmó la presencia de mineral triturado en el suelo y en las hojas circundantes, concluyendo que las comunidades estaban expuestas a riesgos importantes debido a la contaminación.

En abril de 2022, la agencia ambiental y de aguas del estado de Bahía, INEMA, suspendió las operaciones de la empresa por violar los términos mineros establecidos en sus permisos ambientales para investigación y exploración.

Desarrollo del caso: Tras las denuncias de acoso e intimidación de miembros de la comunidad por parte de empleados de la mina, con el objetivo de presionar a las comunidades para que abandonen los procedimientos legales, el tribunal del Reino Unido emitió una orden de restricción temporal el 19 de octubre de 2023. Esta orden impide a Brazil Iron y a sus empleados ponerse en contacto con las comunidades quilombolas.

El 20 de noviembre de 2023, el Tribunal Superior del Reino Unido determinó que Brazil Iron había incumplido la orden judicial al enviar cartas ofreciendo controles médicos gratuitos a los miembros de la comunidad. Como resultado, Brazil Iron se vio obligada a pagar los costos legales de los demandantes.

La próxima audiencia del tribunal, que abordará la jurisdicción del tribunal, está programada para julio de 2024.

Casos relacionados: En Brasil, la Defensoría Pública Federal (DPU) presentó una demanda separada contra Brazil Iron Mineração LTDA, solicitando R$ 5 millones en compensación para los residentes afectados de las dos comunidades.