Contexto: Chiquita Brands International es una empresa estadounidense con sede en Estados Unidos. Es conocida por la producción y distribución de plátanos y otras frutas. En 2007, la empresa admitió haber realizado pagos de más de 1,7 millones de dólares a la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004. Este período coincidió con la guerra civil de Colombia, que comenzó en 1964 y se cobró la vida de más de 220.000 personas. Las AUC, formadas como una coalición de grupos de extrema derecha fuertemente armados, fueron buscadas por narcotraficantes y empresarios que buscaban protección de los grupos guerrilleros de izquierda. El gobierno de Estados Unidos ha designado a las AUC como organización terrorista. Así, al apoyar a las AUC, Chiquita Brands International cometió un delito federal. La declaración de culpabilidad de Chiquita resultó en una multa penal de 25 millones de dólares y un período de libertad condicional corporativa de cinco años.

Procedimientos legales: Tras la declaración de culpabilidad de Chiquita, en 2007 se presentaron varias demandas en tribunales estadounidenses por parte de ciudadanos colombianos cuyos familiares fueron víctimas de la violencia paramilitar entre los años 1990 y 2004. Acusaron a Chiquita de apoyar a grupos paramilitares colombianos, lo que, según afirman, condujo a ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y otros delitos graves cometidos por las AUC. En 2008, seis de estos casos fueron consolidados y transferidos al Distrito Sur de Florida por el Panel de Litigios Multidistritales de los Estados Unidos (MDL). En 2011, familiares de víctimas presuntamente asesinadas por las AUC entre 1990 y 2004 presentaron dos demandas más en Washington. Estos casos fueron posteriormente consolidados con las reclamaciones anteriores en Florida por el panel MDL, con un total de miles de demandantes colombianos, como una demanda colectiva federal.

Las demandas inicialmente invocaron la Ley de Reclamaciones por Agravios Cometidos por Extranjeros y la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, pero las reclamaciones basadas en la Ley de Reclamaciones por Agravios Cometidos por Extranjeros fueron rechazadas por el tribunal estadounidense. Los casos se llevaron a cabo bajo la ley colombiana contra Chiquita y bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos contra los ejecutivos y miembros de la junta directiva de Chiquita.

En 2019, el tribunal rechazó la moción de certificación de la clase. Como resultado, se presentó una nueva denuncia contra Chiquita en nombre de demandantes individuales.

El 15 de diciembre de 2022, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida dictaminó que los “casos de referencia” (un “caso de referencia” es un caso de prueba seleccionado de un grupo más grande de casos similares, destinado a proporcionar información sobre cómo se podrían resolver otros casos similares, particularmente en términos de acuerdo o estrategia de juicio) podrían ir a juicio.

Se ha seleccionado a un grupo de demandantes, denominados “demandantes de referencia”, integrado por familiares de ocho hombres asesinados por las AUC, para proceder a juicio. El juicio con jurado “de referencia” comenzó el 22 de abril de 2024.

Los demandantes argumentaron que los pagos de Chiquita a las AUC facilitaron los envíos de armas, municiones y drogas, beneficiando a la empresa durante el régimen de terror del grupo paramilitar en una región agrícola de 7.000 millas cuadradas hasta su disolución en 2006. Alegaron que las acciones de las AUC, incluidos los asesinatos y los desplazamientos forzados de agricultores, permitieron a Chiquita comprar tierras a precios bajos y expandir sus operaciones de manera rentable.

El 10 de junio de 2024, un jurado del sur de Florida declaró a Chiquita Brands International responsable de la muerte injusta de ocho hombres asesinados por las AUC y otorgó a los familiares sobrevivientes 38,3 millones de dólares en daños por la muerte de las víctimas.

El segundo juicio de referencia está programado para el 15 de julio de 2024.