Inicio de Acción: En febrero de 2020, el Ministerio Público de Minas Gerais (MPMG) presentó una Acción Civil Pública (ACP) contra el Estado de Minas Gerais y la empresa Anglo American Minério de Ferro S.A. La acción cuestiona la legalidad de la licencia ambiental otorgada para la ampliación de una represa minera del Proyecto Minas-Rio. El Proyecto Minas-Rio, operado por Anglo American, implica la extracción y procesamiento de mineral de hierro en las sierras Ferrugem y Sapo en Minas Gerais, Brasil, y su transporte mediante ducto hasta el Puerto de Açu, en Río de Janeiro. Esta gran operación minera, que abarca varios municipios, ha suscitado importantes preocupaciones ambientales y sociales, en particular con respecto a la seguridad y el reasentamiento de las comunidades vecinas.

Principales denuncias: El Ministerio Público alegó que la licencia otorgada a Anglo American viola la Ley “Mar de Lodo Nunca Más” (Ley N° 23.291/2019). Esta ley se promulgó en respuesta al desastre de la presa de Brumadinho que ocurrió en enero de 2019 e incluye disposiciones para prevenir incidentes similares. En concreto, prohíbe el otorgamiento de nuevas licencias ambientales para proyectos en áreas identificadas como Zonas de Autorescate (ZAS), que se consideran de alto riesgo por su proximidad a presas de relaves.

El Ministerio Público solicitó:

1. La nulidad de la licencia ambiental otorgada para la ampliación de la presa.
2. La suspensión del otorgamiento de nuevas licencias hasta que se resuelvan los problemas existentes.
3. El retiro de las comunidades afectadas (específicamente São José do Jassém, Água Quente y Passa Sete), con base en parámetros de compensación colectiva y reasentamiento que preserven las relaciones sociales, emocionales, económicas y comunitarias, asegurando que las condiciones de vida sean las mismas o mejores que antes del inicio del proyecto.
4. Garantía financiera de que Anglo American proporcionará una garantía financiera para el proceso de reasentamiento y reubicación.

En respuesta, el Estado de Minas Gerais se opuso a las medidas provisionales solicitadas por el Ministerio Público, alegando que la licencia de la represa fue válidamente concedida, que la Ley “Mar de Lodo Nunca Más” no se aplica retroactivamente y que no había riesgo inmediato por la represa ya construida. Anglo American apoyó esta posición, señalando que el caso se superponía con otras acciones públicas y que el proceso de licenciamiento había cumplido con las regulaciones y aprobaciones vigentes antes de la promulgación de la nueva ley. Afirmaron que la presa es segura y que la nueva ley no debe afectar retroactivamente las licencias otorgadas anteriormente, con niveles de riesgo adecuadamente gestionados.

Decisiones judiciales: En octubre de 2022, el Tribunal de Justicia de Minas Gerais se pronunció sobre las medidas provisionales, concediendo parcialmente la solicitud del Ministerio Público. Aunque el juez no concedió totalmente las medidas cautelares solicitadas, como la nulidad de la licencia o la prohibición de nuevas licencias, ordenó a Anglo American presentar un plan de reasentamiento colectivo para las comunidades afectadas (Água Quente, Passa Sete y São José do Jassém) en el plazo de 60 días, con una multa diaria de R$ 50.000 en caso de incumplimiento.

Tras esta decisión, Anglo American presentó varios recursos. El Estado de Minas Gerais defendió la legalidad del proceso de licenciamiento y cuestionó las acusaciones del Ministerio Público. En respuesta, el Ministerio Público argumentó que los derechos de licencia ambiental no son absolutos y que la nueva ley debe ser aplicable a los casos actuales. También criticaron las medidas de seguridad de la presa, citando salvaguardas insuficientes y efectos adversos sobre las comunidades locales.

En septiembre de 2023, el Tribunal de Minas Gerais confirmó la medida cautelar de 2022, ordenando a Anglo American presentar un plan de reasentamiento colectivo para las comunidades de Água Quente, Passa Sete y São José do Jassém en el plazo de 60 días, estableciendo una multa diaria de R$ 50.000,00 en caso de incumplimiento.

En cuanto al fondo, la Corte reconoció la aplicabilidad inmediata de la Ley 23.291/2019 y, en consecuencia, determinó que el Estado está prohibido emitir nuevas licencias ambientales para la elevación o ampliación de la represa propiedad de Anglo American hasta que se realice el retiro completo de las comunidades dentro de la Zona de Autorescate.

Además, la Corte ordenó a Anglo American facilitar y financiar el traslado de las comunidades a través del reasentamiento colectivo. Las familias también tendrán la opción de reasentamiento individual a través de un Plan de Negociación Opcional.

La Corte también instruyó que el plan de reasentamiento debe ser negociado por las partes e involucrar una amplia participación de las comunidades y sus representantes. Además, el plan debe preservar las conexiones sociales y emocionales, así como las características económicas y culturales, garantizando que las condiciones de vida sean al menos tan buenas como antes de que comenzara el proyecto. Finalmente, el plan deberá estar finalizado e implementado dentro de 12 meses.

Acontecimientos posteriores a la decisión: Las comunidades comenzaron a negociar su reasentamiento con Anglo American en noviembre de 2023. En abril de 2024, se firmó un Acuerdo Preliminar para suspender la Acción Civil Pública y permitir que continúen las negociaciones entre las partes. A partir de agosto de 2024, las conversaciones aún continúan.