Caso: La acción se presentó en el Reino Unido en 2011 en nombre de la comunidad bodo nigeriana y otros demandantes individuales contra Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC) tras varios derrames de petróleo en 2008 y 2009.

Afirmaciones clave: Estos derrames han causado daños ambientales significativos, afectando los medios de vida de miles de personas. Los demandantes solicitaron una compensación y otros recursos por los daños a la propiedad y a los derechos comunitarios.

El demandado, una empresa registrada en Nigeria, aceptó la jurisdicción del tribunal del Reino Unido.

El 20 de junio de 2014, el Tribunal Superior emitió una sentencia resolviendo cuestiones preliminares entre las partes. A raíz de esta decisión se modificaron los detalles de la demanda y la defensa. En la demanda enmendada, los demandantes solicitaron una compensación por daños ambientales a tierras comunitarias, pérdida de servicios y otras pérdidas consecuentes. También solicitaron una orden judicial obligatoria que obligara al demandado a limpiar y remediar las tierras y vías fluviales afectadas o, alternativamente, a pagar daños y perjuicios.

El 11 de diciembre de 2014, las partes celebraron un acuerdo de conciliación en el que el demandado acordó pagar £55 millones a los demandantes como liquidación total y final de todas las reclamaciones, excepto la reclamación de limpieza, que se aplazó para una negociación y decisión por separado.

El 30 de abril de 2015 se firmó un memorando de entendimiento sobre la limpieza, en el que se describe un plan de tres fases.

Sin embargo, la implementación del plan enfrentó numerosos obstáculos. Inicialmente, hubo obstrucción por parte de la comunidad de Bodo debido a sus demandas de participación local y salarios más altos durante la primera fase, lo que llevó al retiro de los contratistas. Esto implicó impugnaciones legales y solicitudes de medidas cautelares presentadas por la Comunidad Bodo ante el tribunal federal nigeriano, lo que retrasó aún más el progreso. Además, los cambios de liderazgo dentro de la comunidad también han alterado la continuidad y la autoridad, dando lugar a nuevos desafíos legales sobre la validez de las reclamaciones y la autoridad para demandar. Por último, los continuos disturbios locales y las amenazas a la seguridad han comprometido la seguridad operativa, complicando aún más la ejecución del plan de limpieza.

En consecuencia, a pesar de un acuerdo de compensación sustancial y un plan de limpieza acordado, persistieron las disputas sobre el cumplimiento de la limpieza y sobre cómo debían resolverse los problemas pendientes.

El 20 de octubre de 2022, los demandantes solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que la disputa sobre la idoneidad de los esfuerzos de limpieza de Shell se resolviera en juicio. El demandado solicitó que el tribunal desestimara la demanda o dictara sentencia a su favor.

El 12 de febrero de 2024, el Tribunal Superior concedió la solicitud de los demandantes y programó el juicio para el 17 de febrero de 2025, donde se evaluará la idoneidad de los esfuerzos de limpieza de Shell.