En agosto de 2011, un operativo del Ministerio de Trabajo capturó a 15 personas, la mayoría de origen boliviano, entre ellas una niña de 14 años, trabajando en condiciones análogas a la esclavitud en talleres que abastecían a Zara Brasil en São Paulo. Estos talleres subcontratados han sido citados por violaciones como horas de trabajo excesivas, servidumbre por deudas y falta de higiene. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo emitió actas de infracción contra Zara y el nombre de la empresa fue añadido a la Lista Negra del Ministerio, que incluye a los empleadores involucrados en prácticas laborales que violan los derechos humanos y se consideran análogas a la esclavitud. Zara Brasil, propiedad del grupo multinacional español Inditex, afirmó no tener conocimiento de tales prácticas explotadoras y aseguró no tener ninguna relación laboral con las víctimas.

El 19 de diciembre de 2011, el Ministerio Público del Trabajo (MPT) en São Paulo firmó un Término de Ajuste de Conducta (TAC) con Zara Brasil, un mecanismo de resolución consensual de conflictos previsto en el Código de Procedimiento Civil brasileño. El acuerdo requería que Zara realizara auditorías internas en toda su cadena de suministro, incluidos proveedores y subcontratistas, para detectar y corregir violaciones. Inicialmente, el MPT propuso que Zara Brasil pagara 20 millones de reales por “daños morales colectivos” debido a la explotación de mano de obra esclava en su cadena de suministro. Sin embargo, Zara rechazó esta propuesta y el acuerdo final redujo ese monto a 3,4 millones de reales, que se destinarían a inversiones sociales, como un fondo de emergencia para atender situaciones precarias de los trabajadores. Según el TAC, el incumplimiento del acuerdo acarrearía una multa de 50 mil reales por cada infracción.

Desde 2012, Zara viene impugnando ante los tribunales los autos de infracción emitidos por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, ha fracasado repetidamente y en 2017 el Tribunal Laboral Regional rechazó su apelación y autorizó su inclusión en la Lista Sucia.

En 2015, durante la inspección del TAC por inspectores del Ministerio de Trabajo, se encontró incumplimiento de algunas cláusulas, pero no hubo evidencia concreta de trabajo en condiciones análogas a la esclavitud entre los proveedores y terceros involucrados. Sin embargo, se reconoció la necesidad de realizar ajustes en la ejecución e interpretación del acuerdo, lo que llevó a una redefinición de las obligaciones y responsabilidades de Zara.

Posteriormente, en 2017, el MPT y Zara Brasil firmaron un nuevo TAC que amplió la responsabilidad legal de la empresa y formalizó compromisos para prevenir, monitorear y abordar diversas violaciones como trabajo esclavo, trabajo forzoso, servidumbre por deudas, condiciones de trabajo degradantes, horas de trabajo excesivas y trabajo infantil en toda la cadena de suministro de Zara, incluidos terceros subcontratados. El TAC tiene como objetivo identificar y reportar incidentes de manera proactiva, mejorar la supervisión de los talleres de costura y cultivar una cultura centrada en la prevención y la corrección. El incumplimiento del TAC conlleva multas de 20 mil reales por violación de obligaciones laborales y de 30 mil reales por violación de control y supervisión. En caso de violaciones, Zara se compromete a registrar los contratos de los trabajadores, pagar los salarios, rescindir los contratos si es necesario, garantizar el alojamiento, facilitar el retorno, proporcionar transporte, indemnizar y formar a los proveedores, todo ello sin admitir culpa. Las sanciones por infracciones incluyen R$ 100.000 por proveedor o tercero, R$ 30.000 por trabajador afectado y R$ 50.000 por infracción, siendo todas las multas pagaderas al Fondo de Amparo al Trabajador o entidades designadas. Finalmente, sin admitir culpa, Zara aceptó pagar una inversión social de 5 millones de reales, saldando así cualquier obligación financiera resultante de la auditoría del TAC de 2011. Cualquier incumplimiento futuro será tratado según las reglas del nuevo TAC, con multas aplicadas de acuerdo con los procedimientos legales.